País podría ser uno de los primeros 50 estados en el mundo que ratifican el Protocolo de Nagoya, que regulará el reparto y distribución de beneficios por el uso de recursos genéticos de la biodiversidad.
San José, Costa Rica, 5 de mayo de 2011 (IICA). Costa Rica firmaría en mayo el Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización, se informó hoy durante un taller auspiciado por la Oficina del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) en este país.
El acuerdo fue aprobado en octubre del 2010, en Japón, en la 10ª Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), que a su vez surgió de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Cumbre de la Tierra), celebrada en Río de Janeiro, Brasil, en 1992.
El Protocolo de Nagoya creará mejores condiciones a proveedores y usuarios de recursos genéticos de los ecosistemas, pues regulará el acceso (por ejemplo, los países deben tener normas y procedimientos claros sobre el uso de bienes de zonas protegidas) y la distribución de los ingresos generados por su utilización, cuando se desarrollen investigaciones fuera del país.
Además, el protocolo genera incentivos para la conservación y utilización sostenible de los recursos naturales y sus componentes genéticos o bioquímicos, explicó Marta Lilliana Jiménez, directora de la Oficina Técnica de la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBIO).
Jiménez dirigió el taller explicativo en la sede central del IICA, en San José, en el cual participaron especialistas técnicos y jurídicos y tomadores de decisión de organismos estatales, académicos y de investigación costarricenses.
Según Javier Díaz, embajador para Cambio Climático y Asuntos Ambientales Globales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica, existe la posibilidad de que se otorguen plenos poderes al embajador ante las Naciones Unidas (ONU), Eduardo Ulibarri, para que firme el protocolo.
A la fecha solo cinco naciones lo han ratificado: Brasil, México, Colombia, Yemen, Zimbabue y Ruanda.
Jiménez indicó que existe presión de la Secretaría del Protocolo de Nagoya para que este sea aprobado a más tardar en julio del 2012, pues el acuerdo cobrará vigencia 90 días después de que al menos 50 países lo ratifiquen. Precisamente, en octubre del próximo año, se hará una nueva Conferencia de las Partes del CDB en la India y existe la intención de que sea la primera con el protocolo en funcionamiento.
Los estados tienen hasta febrero del 2012 para firmar el acuerdo ante la ONU, pero Costa Rica desea hacerlo en mayo del 2011 para someterlo en agosto a la aprobación de la Asamblea Legislativa, durante el periodo de sesiones extraordinarias (en las que la agenda parlamentaria la organiza el Poder Ejecutivo). Luego se le daría ratificación presidencial y se comunicaría a Naciones Unidas.
En criterio del embajador Díaz, si el país es una de las primeras 50 naciones en ratificar el Protocolo de Nagoya, enviará una señal clara a la comunidad internacional sobre su posición de protección a la biodiversidad y podrá exigir mejores condiciones en la distribución de beneficios por su utilización.
Condiciones nacionales
El punto focal en Costa Rica de la Secretaría del Protocolo de Nagoya es CONAGEBIO, órgano adscrito al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET).
Marta Lilliana Jiménez, de CONAGEBIO, aseguró que la Ley de Biodiversidad de 1998 es una buena base para implementar las obligaciones del Protocolo, pero el país todavía debe prepararse para asumir otros compromisos, en caso de ratificar el convenio, como son la creación de un centro de intercambio de información de los recursos genéticos y de puntos de verificación locales, para controlar el buen uso de estos bienes.
También tiene que establecer métodos para la transferencia de tecnología y crear formas de regulación para la investigación básica (de índole científica) y comercial.
Pedro Rocha, Coordinador del Área de Biotecnología y Bioseguridad del IICA, expresó que este tratado obliga a reflexionar sobre cómo asignar valor económico a los recursos genéticos, pero también crea oportunidades para que empresas costarricenses utilicen estos recursos y generen riqueza, la cual se distribuiría en las mismas comunidades.
Ratificar el Protocolo de Nagoya también tendrá implicaciones comerciales y de apego a las normas internacionales de propiedad intelectual, acotó durante el taller informativo Jorge Cabrera, abogado especialista en temas ambientales.
En el encuentro promovido por la oficina del IICA Costa Rica, la secretaria de la Red de Coordinación en Biodiversidad, Silvia Rodríguez, expresó que el protocolo podría ser insuficiente para que el país tenga más acceso a los beneficios que genera la utilización de sus recursos naturales, pues consideró que hoy se quedan en manos privadas.
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pedro.rocha@iica.int
