En el cierre del seminario internacional “Sistemas Agroalimentarios Sostenibles”, organizado en conmemoración de los 30 años del Mercosur, se debatieron las políticas de los países del bloque para garantizar la seguridad alimentaria.
Buenos Aires, 18 de marzo de 2021 (IICA) – La pandemia de Covid-19 dejó expuestas las fortalezas de los sistemas agroalimentarios del Mercosur, que de todas maneras tienen por delante una agenda de transformaciones para asegurar su sustentabilidad y su resiliencia de cara al futuro. Ese fue uno de los consensos alcanzados en la jornada de cierre del seminario “Sistemas Agroalimentarios Sostenibles”, organizado en conmemoración de los 30 años del bloque comercial sudamericano, cuya Presidencia Pro Témpore ejerce la Argentina.
El encuentro virtual sirvió para intercambiar reflexiones y, especialmente, experiencias de distintos países, ya que participaron representantes de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Perú y México. La organización estuvo a cargo de los ministerios de Desarrollo Social, Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y Agricultura, Ganadería y Pesca de la Argentina, junto al Instituto Social del Mercosur y al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).
“Nuestra región tiene muchísimo para ofrecer, en materia de experiencias, tecnologías y desarrollos en sistemas alimentarios seguros y sostenibles, lo que no quiere decir que no tengamos problemas. Hacemos un gran esfuerzo para transformar nuestra agricultura en productos de mayor valor agregado y mayor valor de mercado”, dijo el canciller argentino, Felipe Solá.
El ministro de Relaciones Exteriores, quien en el pasado fue secretario de Agricultura, consideró que los dos grandes debates mundiales actuales son cómo erradicar la pobreza y el hambre, que constituyen también los primeros Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) fijados por Naciones Unidas. Sin embargo Solá consideró que esas cuestiones tienen más que ver con la demanda que con la oferta de alimentos.
“Durante la pandemia –afirmó-, mientras la agricultura, la ganadería y la pesca mantenían sus niveles de producción, los consumidores retrocedían socialmente. Hoy tenemos más pobres y ya teníamos demasiados antes de la pandemia. El principal problema es la sustentabilidad de las personas más que de los sistemas agrícolas o de la pesca. Queremos hacer una agricultura cada vez más sustentable, pero eso no asegura que los alimentos lleguen a las personas que los necesitan con los precios que deberían tener”.
Vanesa Wainstein, asesora especial para Asuntos Internacionales del Ministerio de Desarrollo Social argentino, advirtió que “la pandemia ha repercutido con fuerza en América Latina en general y en el Mercosur en particular. Es menester instalar nuevas agendas y repensar los esquemas de cooperación e integración regional. Tenemos un consenso con los países de la región acerca de que debemos impulsar políticas sociales sustentables, que garanticen la seguridad y la soberanía alimentarias”.
Por su lado, Caio Rocha, Representante del IICA en la Argentina, puntualizó que, cuando se habla de sistemas agroalimentarios sostenibles, la referencia no es solamente a las producciones agrícolas, sino también a cuestiones como la distribución, el transporte, el almacenamiento y el comercio, que permiten hasta llegar al consumidor con productos saludables.
“La reconstrucción de la economía post-Covid –afirmó Rocha- nos ofrecerá la oportunidad de cambiar los sistemas agroalimentarios con el objetivo de erradicar el hambre y transformar nuestro planeta en uno más sustentable. Para ello, no podemos pensar en sistemas alimentarios sin pensar antes en los productores agropecuarios. La agricultura es parte de la solución y no de los problemas, pero debe apoyarse en la ciencia y la tecnología, que son los insumos fundamentales para la generación de políticas públicas”.
La experiencia de los países
Laura Alonso, Secretaria de Inclusión del Ministerio de Desarrollo Social argentino, consideró que “la agenda de la soberanía y seguridad alimentaria es inescindible de la agenda de desarrollo en cada uno de nuestros países. Tiene que ver con poder desandar modelos de exclusión y de concentración de la riqueza que quedaron al descubierto con la tragedia de la pandemia y que deben ser discutidos. En la Argentina y en nuestros países la pobreza tiene cara de mujer y cara de joven”.
La política nacional de seguridad alimentaria y nutricional de Brasil fue explicada por Viviane Dutra, directora del Departamento de Estructuración de Equipamientos Públicos del Ministerio de Ciudadanía.
“El objetivo es minimizar las situaciones de vulnerabilidad social. Uno de los programas más relevantes que tenemos es el de acceso al agua para el consumo humano y la producción. Promovemos la captación de agua de lluvia a través de cisternas de bajo costo para familias rurales de bajos ingresos afectadas por la sequía o la falta regular de agua. Los desafíos son permanentes porque el hambre y la pobreza son problemas estructurales que necesitan acciones de largo plazo”, afirmó Dutra.
Nuri Gras Rebolledo contó la tarea de la Agencia Chilena para la Inocuidad y Calidad Alimentaria y se refirió a la importancia de la ley de etiquetado de los alimentos que rige en ese país, tendiente a proteger la salud de la ciudadanía: “En Chile, cinco de cada diez niños tienen sobrepeso. La ley de etiquetado, sancionada en 2012, tiene varios aspectos vinculados a ese tema, ya que no permite la publicidad dirigida a menores de 14 años y prohíbe la venta de alimentos no saludables en las escuelas”.
Teresa García Plata detalló el trabajo del Banco de Alimentos de México. “Los bancos de alimentos –afirmó- existen desde hace unos 50 años a nivel mundial, porque hay alimentos para todos pero sin embargo hay inseguridad alimentaria. Un tercio de los alimentos se desperdicia a nivel global mientras 800 millones de personas tienen hambre o malnutrición”.
García Plata dijo que el desperdicio de alimentos no sólo tiene un impacto social y económico, sino también ambiental, por las emisiones de gases efecto invernadero, la huella hídrica y el cambio de uso del suelo que generan. Por eso, los bancos de alimentos son organizaciones de la sociedad civil que rescatan alimentos de la industria para recuperarlos y entregárselos a personas que padecen inseguridad alimentaria.
García Plata valoró especialmente la cooperación del IICA con el Banco Alimentos de México, en un proyecto en el estado de Quintana Roo: “Nos permitió llevar más de 30.000 kilos de alimentos nutritivos a unas 29.600 personas. Es un ejemplo excelente para que los organismos que estén pensando en unirse a los bancos de alimentos”.
El programa de Seguridad Alimentaria de Paraguay Tekoporá, orientado a las familias en situación de pobreza y vulnerabilidad, fue presentado por su director, Antoliano Cohene. “Articulamos la acción con los comedores sociales y uno de nuestros objetivos específicos es diversificar la alimentación de las familias”, dijo Coehene, quien agregó que el Estado realiza transferencias monetarias directas a los beneficiarios y también hace acompañamiento socio-familiar. “Con la agricultura se cultiva esperanza y se cosecha futuro”, resumió.
Por su lado, Fredy Hinojosa se refirió al Programa Social de Alimentación Escolar “Qali Warma” de Perú. “Los niños no pueden estudiar cuando tienen hambre. Donde existe una escuela en el Perú está presente el Estado que acompaña el servicio educativo con la alimentación”, dijo Hinojosa. El funcionario explicó que el programa tiene una fuerte participación de la sociedad civil y de los gobiernos locales y que asegura que se proporcionen las proteínas, nutrientes y energía que cada niño necesita de acuerdo a su edad.
Desde Uruguay, finalmente, el director del Instituto Nacional de Alimentación, Ignacio Elgue del Campo, explicó que ese país tiene un marco legal, aprobado en 2014, que establece preferencia en las compras públicas para agricultores familiares y pescadores artesanales aprobado en 2014. “Esto potencia la agenda de desarrollo sostenible y favorece los circuitos de producción de cercanía”, opinó. María Rosa Curutchet, funcionaria del Instituto, agregó que “la ley facilita el acceso de los productores al mercado público, lo que adquiere un valor muy importante en el contexto de la pandemia, ya que pone a disposición de la población alimentos sanos, frescos y mínimamente procesados.
Más información:
Gerencia de Comunicación Institucional
