Entrevistamos a José María Sumpsi, catedrático del departamento de Economía y Ciencias Sociales Agrarias de la Universidad Politécnica de Madrid, ex Subdirector General de la FAO y actual miembro del Consejo Asesor para la Seguridad Alimentaria del IICA.
Ante la actual pandemia global provocada por el Covid-19, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) conformó un Consejo Asesor para la Seguridad Alimentaria para las Américas, integrado por personalidades con una trayectoria de grandes contribuciones al sector agroalimentario, tanto desde el ámbito político como el académico.
El Consejo actuará monitoreando el impacto del nuevo coronavirus en la seguridad alimentaria de la región con el objetivo de transmitir análisis y recomendaciones que puedan ser útiles a la toma decisiones en diversas instancias de los sectores público y privado.
Además, ayudarán al trabajo de la cooperación técnica del IICA en el marco de su reorientación para atender las nuevas y más urgentes demandas de los países, vinculadas a los efectos de la pandemia, contribuyendo a la elaboración de una nueva hoja de ruta institucional.
José María Sumpsi es Ingeniero Agrónomo con especialidad en Economía Agraria de la Universidad Politécnica de Madrid, donde sigue siendo catedrático hasta hoy. Fue experto en desarrollo rural en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de 2003 a 2006 y Subdirector General de la FAO desde abril de 2007 hasta diciembre 2010. Gracias a su experiencia en el campo de la economía, las políticas agrarias y el desarrollo rural, ha sido miembro de diversos grupos de expertos internacionales asesores creados por entidades como la Comisión Europea, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, Gobiernos de Argentina, Perú y Ecuador o la Academia de Europa, entre muchas otras. Actualmente es miembro del Consejo Asesor para la Seguridad Alimentaria del IICA y miembro del Panel de Expertos de Alto Nivel del Comité Mundial de Seguridad Alimentaria de Naciones Unidas.
La pandemia de la COVID19 está disparando la crisis alimentaria global, pudiendo alcanzar más de 250 millones de afectados a fines de este año, según último informe de la FAO, ¿Podría compartirnos su diagnóstico/reflexión sobre cómo afectará esta situación a América Latina y el Caribe?
La pandemia empezó a finales de 2019 en Asia y se expandió rápidamente a Europa donde en el período de marzo a mayo se convirtió en el epicentro de la pandemia. En ese período apenas afectó a América latina y el Caribe entre otras razones porque muchos países actuaron rápido con confinamientos duros. El problema es que la economía de la región no podía soportar más tiempo de cierre y hubo que empezar la desescalada a finales de mayo o principios de junio sin que aún estuviera controlada la pandemia, lo que ha provocado una fuerte expansión en varios países a partir de junio con cifras muy altas en países como Brasil, Perú, Chile y México donde vive el 60% de la población de LAC.
La situación en estos momentos es muy alarmante, y con severas implicaciones en los índices de desempleo y prevalencia de subnutrición, por cuatro razones. En primer lugar, la fuerte proporción de economía informal que existe en estos países, en algunos casos llega al 60%, la mayoría basada en actividades de compra-venta en la calle, población que con el duro confinamiento han visto sus medios de vida e ingresos desaparecer, lo que ha empeorado su acceso económico a los alimentos. En segundo lugar, la fuerte urbanización de la región, en torno al 75%, lo que agrava la situación pues la COVID ha afectado mucho más en las aglomeraciones urbanas que en las poblaciones rurales dispersas y remotas. En tercer lugar, un sistema de salud pública muy precario y deficiente al que no pueden acceder las familias de menores ingresos. Y en cuarto lugar porque la debilidad de la economía de los países de la región y la falta de recursos financieros públicos dificulta la puesta en marcha de una potente política de ayudas sociales, como están haciendo los países desarrollados, que suponga una red de seguridad para subsidiar el desempleo temporal y una renta vital mínima para mitigar el impacto económico en los hogares más pobres.
Por todo ello, las perspectivas futuras son muy negativas tanto en cuanto al impacto en la economía, en el desempleo y en la inseguridad alimentaria en la región, aunque el impacto final dependerá de la intensidad y duración de la crisis sanitaria en la región y de las políticas y medidas que se adopten.
En ese escenario, ¿Cuál es el rol y principales retos de la cooperación internacional para apoyar a estos países?
La cooperación internacional debe aportar apoyo técnico y financiero a los países en desarrollo que atraviesan una situación muy crítica, pero el problema es que muchos países desarrollados donantes de la cooperación internacional también atraviesan serias dificultades económicas. El principal rol y los retos a los que se enfrenta la cooperación internacional y Naciones Unidas para ayudar a estos países, es ser capaces de promover la solidaridad internacional y de fortalecer y mejorar la gobernanza global que desde hace algunos años ha empeorado, especialmente por el empuje del nacionalismo de países muy desarrollados como EEUU y Reino Unido y menos desarrollados como Brasil.
Dentro de nada se va a plantear probablemente un tema dramático que es la producción y distribución de la o las vacunas COVID. Frente algunos países como la UE o plataformas globales como la alianza para las vacunas en las que participan gobiernos y fundaciones privadas como la Fundación Bill y Melinda Gates que plantean que la vacuna debe ser considerada como un bien público global que debe distribuirse con arreglo a criterios no de mercado, hay otros gobiernos que están contribuyendo a financiar la investigación y producción de la vacuna y que plantean que a cambio la vacuna debe cubrir de forma prioritaria las necesidades de sus ciudadanos, lo cual puede dejar a los países en desarrollo en una situación difícil para acceder a la vacuna. Esto va a situar al mundo frente a un terrible y dramático dilema en el que se van a confrontar esos dos enfoques radicalmente distintos.
De acuerdo a su criterio, ¿Cuáles son las políticas públicas urgentes que a mediano plazo debieran impulsar los países de las Américas para garantizar la seguridad alimentaria en sus comunidades?
Promover la producción y distribución local de alimentos sanos y nutritivos que sean comprados por los gobiernos para luego formar parte de programas de ayuda a la seguridad alimentaria y nutricional, siguiendo el ejemplo de algunos programas exitosos de Brasil de anteriores gobiernos y de otros países de la región (desayuno escolar, comedores sociales, trabajo por alimentos y otros). De este modo, se consigue un doble objetivo: mejorar la renta de los agricultores y la seguridad alimentaria y nutrición de los consumidores locales. Estos programas no son muy costosos y tienen enormes beneficios para el desarrollo agrario y la seguridad alimentaria de las comunidades y población con menos recursos. Esta política debe tener como protagonista principal a la agricultura familiar, cuyo desarrollo y apoyo debe ser uno de los pilares fundamentales de las políticas agrarias de la región en el marco del desarrollo territorial rural.
