Esta Política se aplica a las personas físicas y/o jurídicas, denunciantes y testigos de presuntos actos irregulares o indebidos, según se definen en esta Política. Las denuncias de esos presuntos actos serán atendidas por el CE.

El IICA cuenta con mecanismos de prevención, detección, denuncia y sanción de prácticas prohibidas, fraude y corrupción que son parte integral de sus mejores prácticas de gobernabilidad y administración. De acuerdo con su Código de Ética, sus valores y las respectivas leyes en el país que opera; el IICA mantiene un enfoque de tolerancia cero con respecto a las prácticas prohibidas, el fraude y la corrupción. Estas prácticas se aplican tanto al personal del Instituto, como a las personas y organizaciones con las que mantiene relación en diferentes actividades.

El propósito de la presente Política es establecer los principios y las normas que serán de aplicación y observancia general en todos los niveles del IICA para evitar la administración y uso de dinero y otros activos en actividades relacionadas con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Esta Política es aplicable a todas y cada una de las personas vinculadas directamente con el IICA, sean funcionarios, consultores, pasantes, proveedores, personal asociado, contrapartes y socios estratégicos, entre otros, en todos los Estados Miembros y la Sede Central, con las cuales el Instituto se relaciona para el cumplimiento de su misión de estimular, promover y apoyar los esfuerzos de los Estados Miembros para lograr su desarrollo agrícola y el bienestar rural por medio de la cooperación técnica internacional de excelencia.

El objetivo de esta Política es establecer los mecanismos para el tratamiento y protección de datos personales con el propósito de garantizar y proteger los derechos de las personas físicas o jurídicas que tengan relación con el Instituto, de acuerdo con los principios establecidos en los estándares internacionales relativos al tema, y a los valores institucionales.

La presente política se enmarca en el concepto de desarrollo sostenible y cubre sus dimensiones sociales y ambientales. En ese contexto, aplica tanto a las actividades internas requeridas para el funcionamiento del Instituto en todas sus Oficinas y Unidades en las Américas y España, como a la gestión de la cooperación técnica que brinda a sus Estados Miembros, sea financiada con recursos propios o externos. La aplicación de la política comprende los procesos de adquisición de recursos e insumos, las actividades, los productos o entregables, los programas y proyectos de cooperación técnica y el manejo de las instalaciones del Instituto.