Sólo el 14% de las exportaciones agroalimentarias de América Latina y el Caribe tienen como destino los propios países de la región
Montevideo / San José, 2 de diciembre de 2021 (IICA) – Expertos de los sectores público y privado llamaron a los países miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) a trabajar en favor de la convergencia regulatoria en el sector agroalimentario, y advirtieron que armonizar la diversidad de normas en la región es fundamental para ampliar el comercio intrarregional de alimentos, generar oportunidades de crecimiento para pequeños y medianos productores y empresas agropecuarias y favorecer la seguridad alimentaria en las Américas y el mundo.
La jornada “Convergencia regulatoria en el sector alimentario” fue organizada por la ALADI y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y sirvió para llamar la atención sobre la necesidad de remover obstáculos al comercio intrarregional e internacional de alimentos, con el fin de propiciar una más rápida y eficaz recuperación post pandemia de Covid-19, que ha tenido un fuerte impacto económico y social.
“Debemos emprender un proceso activo para adaptar los requisitos regulatorios locales, de manera de reducir los costos del comercio transfronterizo, sin que se pierda la capacidad regulatoria de los países”, dijo Sergio Abreu, Secretario General de la ALADI.
La ALADI, instituida por el Tratado de Montevideo 1980, es el mayor grupo latinoamericano de integración. Sus trece países miembros -Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela- suman más de 510 millones de habitantes y 20 millones de kilómetros cuadrados de superficie.
Abreu citó estadísticas del IICA que señalan que América Latina representa el 14% del comercio internacional de productos agroalimentarios del mundo. De esas exportaciones, el 86% se focalizan en países de fuera de la región, mientras que el 51% se concentra en sólo diez productos.
“Debemos diversificar nuestra producción agroalimentaria y el destino de nuestras exportaciones, de manera de contribuir a una producción agrícola sostenible de alimentos cada vez más saludables. Para ello debemos intercambiar experiencias y buenas prácticas regulatorias”, afirmó Abreu.
El Secretario General de la ALADI valoró el papel del IICA en la Cumbre de Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas (ONU), desarrollada en septiembre pasado y su insistencia en ese foro internacional sobre la necesidad de eliminar barreras al comercio para favorecer la erradicación del hambre en el mundo.
En el mismo sentido, el Subdirector General del IICA, Lloyd Day, señaló que “el comercio internacional es clave para el fortalecimiento y la transformación de los sistemas alimentarios y ese fue el mensaje que los ministros de Agricultura de las Américas llevaron a la Cumbre”.
Day explicó que el comercio agroalimentario de América Latina cumple un rol estratégico en la seguridad alimentaria del mundo y en la recuperación económica post Covid-19.
El Subdirector General del IICA subrayó que sólo el 14% de las exportaciones agroalimentarias de América Latina y el Caribe tienen como destino los propios países de la región y, en ese sentido, exhortó a disminuir barreras.
“Podemos mejorar el comercio intrarregional –sostuvo- y una forma es favorecer la convergencia regulatoria. Desde el IICA trabajamos para fortalecer las capacidades de los ministerios de Agricultura en temas de política comercial agrícola, así como en capacidades para exportar”.
El diplomático Guillermo Valles, quien fue embajador de Uruguay ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) y actualmente es embajador en Brasil, fungió como moderador y aplaudió la iniciativa del IICA y de la ALADI de organizar el encuentro.
“Si queremos promover el comercio intrarregional sabemos que en esta materia debemos avanzar. El mundo nos espera con una diversidad regulatoria muy costosa. Si no somos capaces de promover una convergencia regulatoria en nuestra región, mucho menos lo seremos de prosperar en un mundo fragmentado, con normas más costosas y menos transparentes para nuestros países. Este debería ser un aliciente para que en la región trabajemos en materia de convergencia regulatoria”, sostuvo Valles.
A su turno, Mariana Karttunen, especialista de la División Política Regulatoria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), organización con 36 Estados Miembros de distintas regiones, opinó que el primer desafío es que los gobiernos incluyan entre sus políticas centrales la cooperación regulatoria.
“Dada la interdependencia de los países, una acción de política interna sólo puede tener una eficacia limitada. La fragmentación regulatoria crea barreras”, advirtió.
Para Adriana Campos, especialista en comercio internacional del IICA, el comercio agrícola, que tuvo un muy buen desempeño en lo que va de la pandemia comparado con otros sectores, tiene un potencial mucho mayor si se reducen los obstáculos regulatorios.
“Una mayor cooperación regulatoria podría ayudar a la expansión de las transacciones, al desarrollo de cadenas de valor, a una mayor participación de pequeños y medianos productores y empresas y a lograr una mayor seguridad alimentaria”, explicó.
“La diversidad regulatoria –concluyó la experta- incrementa costos y obstaculiza el comercio transfronterizo. Además, da lugar a roces y fricciones que generan interrupciones y retrasos en las cadenas de valor. Y también hace que pequeñas y medianas empresas no quieran participar tanto en el comercio internacional”.
Sandra de León, técnica del Departamento de Acuerdos y Negociaciones de la ALADI, se refirió a los efectos de la pandemia en la región y señaló: “Hoy, el desafío no es la escasez de alimentos, sino el acceso a los mismos. Es fundamental que los países mantengan la actividad de las cadenas de suministros y que trabajen en la convergencia regulatoria agroalimentaria, para conectar a los pequeños agricultores con los mercados”.
Contar con la voluntad de los gobiernos, involucrar al sector privado, realizar un análisis de las normativas, propiciar la equivalencia mediante acuerdos, crear un sistema de reconocimiento mutuo y enmarcar estas acciones en la suscripción de acuerdos de alcance parcial o regional en el marco de ALADI, son elementos fundamentales para alcanzar la convergencia regulatoria en la región, acotó De León.
Importantes actores de la industria agroalimentaria de América Latina también llamaron la atención en el encuentro sobre la necesidad de una articulación empresarial y estatal en materia regulatoria, que favorezca una expansión del comercio. Al respecto, contar con un marco metodológico claro sobre los objetivos a lograr, fue considerado indispensable por los expertos.
“No sólo se trata de garantizar la consulta pública, sino de habilitar un proceso de gestión compartida de la convergencia regulatoria, porque la capacidad de modificar los proyectos de normas una vez sancionados es muy limitada”, consideró Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara Argentina de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC).
El experto consideró indispensable, con base en los resultados obtenidos hasta el momento en el tema de convergencia regulatoria a nivel regional, dar un enfoque por “procesos” a los trabajos a realizar y dejar atrás el enfoque por “productos.”
Mauricio García, del Consejo Nacional Agropecuario de México, organismo empresarial de México, se preguntó por qué no hay una mayor integración de las cadenas de valor en la región y afirmó que la respuesta no se basa solo en los aranceles.
“Hay que terminar con esta diversidad regulatoria que solo genera altos costos transaccionales e inhibe el comercio internacional de alimentos”, dijo García, quien mencionó el concepto de “inflación regulatoria” para describir dicha situación. En su intervención, también el resaltó el valor de la defensa de la sostenibilidad de los sistemas alimentarios de la región que asumió el IICA en la Cumbre de Sistemas Alimentarios 2021.
Por su parte, Kathia Rojas, de la CAN, se refirió a los instrumentos y normativas existentes en el sistema andino de sanidad agropecuaria, a la agenda regional de cooperación de la Comunidad Andina y a los desafíos de los países en el tema de convergencia regulatoria.
Esta jornada permitió reflexionar sobre la importancia de la convergencia regulatoria para el comercio y la seguridad alimentaria a nivel regional, así como identificar insumos para la construcción de una hoja de ruta que facilite la implementación de acciones de manera efectiva.
Entre los insumos identificados y mencionados por el Embajador Valles destacan la conformación de un grupo de trabajo conjunto entre el sector público y privado con objetivos claros a alcanzar, la definición de los principios regulatorios para la aceptación de medidas SFS en la región, la realización de un diagnóstico de la normativa de los países de ALADI y adoptar un enfoque basado en procesos y no en productos específicos.
Así también, se mencionaron recomendaciones de acciones concretas que permitirían alcanzar los objetivos planteados, entre ellas destacan: la conformación de una red de laboratorios para el diagnóstico de enfermedades, plagas y la determinación de residuos fitosanitarios y veterinarios, la conformación de un centro regional de evaluación de riesgos sanitarios, el reconocimiento mutuo de sistemas nacionales de registros de productos veterinarios y fitosanitarios y la homologación de registros nacionales de productos alimenticios procesados, entre otros. Todos estos en conjunto brindan los lineamientos de una hoja de ruta para la convergencia regional en materia agroalimentaria.
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