El modelo de certificación pública aplicado en algunos países de Europa transfiere los costos de este proceso al Estado, por lo cual está siendo analizado por diversos países latinoamericanos.
San José, Costa Rica, 16 de noviembre, 2011 (IICA). La certificación de productos orgánicos es una garantía tanto para el productor como para el consumidor, pero su elevado costo puede convertirse en una limitante para el desarrollo de la actividad orgánica y de sus mercados.
Por esa razón, 15 países de América Latina y el Caribe que conforman la Comisión Interamericana de Agricultura Orgánica (CIAO) solicitaron a su secretaría técnica –a cargo del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)– la visita de expertos españoles para conocer cómo funciona el sistema de certificación pública en esa nación, con miras a una posible implementación en sus países.
Este sistema también garantiza la condición orgánica de los productos consumidos, con la diferencia de que el costo de la certificación es asumido en su mayor parte por el Estado.
“Habría que buscar la ubicación de la instancia de certificación pública entre las estructuras institucionales del sector, por ejemplo, los sistemas de extensión se podrían tomar como base para establecer este modelo en los países, disminuyendo significativamente el costo de su implementación para los gobiernos. Por el lado de los productores, indiscutiblemente, la reducción de las inversiones por concepto de certificación sería significativa”, manifestó el Coordinador de Agricultura Orgánica del IICA, Pedro Cussianovich.
Precisamente, para explicar el funcionamiento de este modelo ante productores, consumidores, autoridades de gobierno y autoridades competentes de la producción orgánica, la Directora del Consejo Balear de Producción Agraria Ecológica (CBPAE), Aina Calafat, ha visitado países como Argentina, Paraguay y recientemente Costa Rica. El CBPAE forma parte de INTERECO, una asociación que agrupa a las autoridades de control de las Comunidades Autónomas de España, responsables de este modelo de certificación.
“En España muchas comunidades autónomas tienen su propia autoridad de control, que pertenece o está adscritas a la administración pública, la cual cubre entre un 60% y un 90% de los costos de certificación, el resto lo asume la empresa o el productor”, señaló Calafat.
Esta dinámica permite que más productores puedan someterse al proceso de certificación, lo que por ende genera mayores productos certificados, estimulando así las exportaciones de este tipo de productos y el desarrollo de los mercados locales, con la consecuente inclusión social de productores y consumidores.
Para la Viceministra de Agricultura de Costa Rica, Tania López, es rescatable que “un sistema con características de inserción en la administración pública pueda reducir los costos para el productor orgánico y que además de eso apoye esquemas de empoderamiento de los gobiernos locales para impulsar la gestión productiva en una región”.
La producción orgánica en números
La actividad orgánica cuenta con más de 37 millones de hectáreas certificadas a nivel mundial, alrededor de 1.2 millones de productores y un mercado internacional diversificado de más de 55 mil millones de dólares. Esto según datos del informe “El mundo de la agricultura orgánica, estadísticas y tendencias emergentes 2011”, del Instituto de Investigación de Agricultura Orgánica (FiBL, por sus siglas en alemán) y la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica (IFOAM, por sus siglas en inglés).
En este contexto, América Latina y el Caribe representan alrededor de 23% de las áreas certificadas y contabilizan al 16% de los productores certificados.
Sin embargo, los mercados nacionales de productos orgánicos en la región –con excepción de Brasil– son prácticamente inexistentes, o muy incipientes, debido a la falta de políticas que fomenten una oferta sostenida de productos y a los altos costos de las certificaciones.
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