Los ministros acordaron dos declaraciones, una referente justamente al valor de la biotecnología y otra sobre la aplicación de criterios para la inclusión de químicos prohibidos o rigurosamente restringidos en el llamado convenio de Rotterdam, que busca promover la responsabilidad compartida y los esfuerzos conjuntos en la esfera del comercio internacional de ciertos productos químicos peligrosos, a fin de proteger la salud humana y el ambiente.
Chapada dos Guimarães, Mato Grosso, Brasil, 12 de septiembre de 2024 (IICA) – Los ministros de Agricultura de los países del Consejo Agropecuario del Sur (CAS) se reunieron en Brasil, en el marco de la ministerial del Grupo de Agricultura del G20, en la que hicieron un llamado sobre la importancia de que las decisiones sobre comercio internacional sean basadas en ciencia.
En ese sentido, exaltaron el valor de la biotecnología para afrontar los retos de la seguridad alimentaria. Insistieron, además, en cuestionar el Reglamento 1115/2023 de la Unión Europea sobre deforestación y afirmaron que las medidas restrictivas del comercio de índole ambiental deben ser discutidas de manera amplia a nivel global.
El anfitrión Carlos Fávaro, ministro de Agricultura y Ganadería de Brasil; Sergio Iraeta, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina y presidente pro tempore del CAS; y Fernando Mattos, ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de Uruguay participaron en la reunión, junto al Director General del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Manuel Otero.
El encuentro tuvo lugar en el estado brasileño de Mato Grosso, el pujante distrito agrícola sede de la reunión ministerial del Grupo de Agricultura del G20, que reúne a los países con las mayores economías del mundo y es considerado el mayor foro de cooperación internacional.
Los ministros acordaron dos declaraciones, una referente justamente al valor de la biotecnología y otra sobre la aplicación de criterios para la inclusión de químicos prohibidos o rigurosamente restringidos en el llamado convenio de Rotterdam, que busca promover la responsabilidad compartida y los esfuerzos conjuntos en la esfera del comercio internacional de ciertos productos químicos peligrosos, a fin de proteger la salud humana y el ambiente.
La reunión ministerial sirve como preparación para la Cumbre de Líderes del G20 que, con Brasil ejerciendo este año la presidencia, tendrá lugar en noviembre en Río de Janeiro con la presencia de los jefes de Estado y de Gobierno de las naciones que integran el foro.
El CAS es un foro de consulta y coordinación de acciones regionales en temas de política agropecuaria con más de 20 años de trayectoria, que está integrado por los ministros de Agricultura de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay y cuya secretaría técnica está a cargo del IICA.
Rechazo a medidas unilaterales
Los ministros reiteraron que la entrada en vigencia sin una discusión más amplia del Reglamento 1115/2023 de la Unión Europea, que impone nuevos requisitos al ingreso de determinados productos de origen agropecuario a ese continente, puede impactar negativamente en el comercio agroalimentario.
Ya en la reunión anterior del CAS, en Buenos Aires, se había firmado una declaración en la que se solicitó la postergación de la entrada en vigencia –prevista para el 30 de diciembre- y se manifestó la voluntad de los países del Cono Sur a trabajar en forma conjunta y entablar un diálogo real y efectivo sobre las medidas de combate a la deforestación.
“El cambio climático es una preocupación de todos. Y queremos que la discusión de medidas ambientales que impacten sobre el comercio sean tomadas con la participación de todos los países; rechazamos las medidas unilaterales que desconocen las legislaciones locales”, dijo el ministro Fávaro, quien reveló que, en el marco de la reunión ministerial del G20, Brasil hizo un pedido formal a la Unión Europea de que la reglamentación no sea implementada tal como está planteada hoy.
“Esta legislación de la Unión Europea es un desafío para nuestra región. Y establecer el antecedente de la introducción del factor ambiental en el comercio agrícola es complejo. No solo debemos cuestionar la forma en que se toma esta decisión, sino también debemos cuestionar el fondo. Si esta legislación prospera vamos a tener enormes dificultades en el comercio porque el proteccionismo avanza en todo el mundo”, dijo el ministro Mattos.
Por su lado, Iraeta hizo hincapié en la necesidad de defender los avances hacia una mayor sostenibilidad ambiental que han realizado en los últimos años los productores de los países del Cono Sur. “Somos claves para la seguridad alimentaria global y somos buenos produciendo lo que producimos, por lo que debemos combatir el crecimiento del proteccionismo”, sostuvo.
Manuel Otero, quien participa como orador en la reunión del Grupo de Agricultura del G20, invitó a los ministros del CAS a la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 29), en Azerbaiyán, donde el IICA instalará un pabellón para hacer escuchar la voz del sector agropecuario del continente en el mayor foro mundial de debate y negociación ambiental.
El Director General del IICA, además, entregó a los ministros dos documentos elaborados por el Instituto, uno referente al papel del comercio agroalimentario en la seguridad alimentaria global, realizado a través de una alianza con la prestigiosa escuela de negocios brasileña INSPER, y otro sobre sistemas agroalimentarios, que rechaza la calificación de “fallidos” y enfatiza sus fortalezas productivas y la necesidad de análisis equilibrados para ayudar en diseño de políticas.
El valor de la biotecnología
Los ministros del CAS aprobaron durante la reunión una declaración en la que llamaron la atención sobre el valor de la biotecnología para enfrentar los desafíos que enfrenta el planeta en términos de seguridad alimentaria y para abordar el impacto que tiene el cambio climático sobre la producción agropecuaria.
En la declaración se subrayó que es necesario implementar el Marco Mundial de Biodiversidad –aprobado en la última Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB)- que reconoció la importancia de la biotecnología y fijó el compromiso de fortalecer capacidades e implementar en todos los países medidas de bioseguridad.
Los ministros señalaron que los países del CAS cuentan con una vasta experiencia en el manejo de los productos derivados de la biotecnología moderna y que realizan evaluaciones de riesgo basadas en ciencia desde hace más de 30 años.
Hicieron énfasis, además, en el valor de la investigación, el desarrollo y la innovación en el sector agropecuario y forestal y manifestaron la disposición de los países del CAS a compartir su conocimiento científico, normativo y de formulación de políticas para la promoción de la biotecnología agropecuaria y forestal.
Otra declaración se refirió a los criterios que se están utilizando para la inclusión de productos químicos prohibidos o rigurosamente restringidos en el Anexo III del Convenio de Rotterdam, que se propone contribuir al uso racional de ese tipo de productos.
Los ministros señalaron que es esencial, para proteger la salud pública, el medio ambiente y la economía global, el uso de evidencia científica en los análisis de riesgo para plaguicidas y productos químicos. Afirmaron, en ese sentido, que para la inclusión de productos prohibidos o rigurosamente restringidos en el Anexo III del Convenio de Rotterdam debe garantizarse que los datos se han generado con métodos científicamente reconocidos.
Señalaron, también, su preocupación debido a que en la agenda de las reuniones del Comité de Examen de Productos Químicos se tienen en consideración sustancias cuya evaluación de riesgo carece de la correspondiente evidencia científica o cuya información ha sido presentada en forma incompleta.
En la reunión del CAS también se realizaron presentaciones de las autoridades distintos mecanismos de integración regional –el Programa Cooperativo para el Desarrollo Tecnológico Agroalimentario y AgroIndustrial del Cono Sur (PROCISUR), el Comité Veterinario Permanente del Cono Sur (CVP) y el Comité de Sanidad Vegetal del Cono Sur (COSAVE)- además de la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur (FARM).
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