Nuevas medidas de protección a los productores de EE. UU., vigentes desde febrero, son un gran reto para la competitividad de la agricultura de América Latina y el Caribe.
San José, Costa Rica, 25 de abril, 2014 (IICA). Con la entrada en vigencia de la nueva Ley Agrícola de Estados Unidos, surge la necesidad de que los países de América Latina y el Caribe (ALC) respondan con la implementación de políticas de Estado que den estabilidad y mayor seguridad jurídica al sector agrícola de la región.
De acuerdo con una nota técnica elaborada por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), enviada por su Director General, Víctor M. Villalobos, a los Ministros de Agricultura de las Américas, el impacto de la nueva normativa afectaría sobre todo a los países del Cono Sur, mientras otras naciones sentirían menores repercusiones.
La nueva ley implementa una red de seguridad agrícola y cobertura de riesgos para los productores estadounidenses, que les asegura márgenes de ganancia y mayores volúmenes de producción, al tiempo que les permite competir en condiciones ventajosas en los mercados internacionales.
Como consecuencia, los grandes productores y exportadores de productos básicos de ALC verían afectada su competitividad con relación a los EE. UU., pero los países de la agricultura tropical serían favorecidos porque podrían importar a precios más bajos.
El especialista del Centro de Análisis Estratégico para la Agricultura (CAESPA) del IICA, Rafael Trejos, explicó que los países del Cono Sur sentirían los mayores impactos, mientras que los centroamericanos y andinos serían los beneficiados, al importar a menores precios.
Ante esto, indicó que las naciones de ALC deberían disponer de políticas que ordenen y apoyen al sector agrícola y estén armonizadas con los esquemas de integración regionales.
“Entre las políticas a promover, destaca la necesidad de mejorar la gestión integral de riesgos, lo cual implica promocionar nuevos esquemas de seguros agrícolas, más desarrollados y con mayor cobertura”, señaló, por otra parte, el especialista en políticas y análisis sectorial del IICA, Joaquín Arias.
En su opinión, los países de ALC pueden combatir los nuevos esquemas de protección implementados por EE. UU., en caso de que estos resultaran más distorsionantes del comercio, mediante los mecanismos aceptados por la normativa multinacional, ya utilizadas por Brasil en el caso de los subsidios al algodón en EE. UU. y por Canadá en contra de las normas de etiquetado para la carne.
La Ley Agrícola de EE. UU., firmada por el Presidente Barack Obama en febrero, crea, entre otros, dos programas: uno que autoriza pagos a los productores si el promedio del precio del mercado es menor que el precio de referencia, y otro que les garantiza un porcentaje de ganancia estimado en función de los ingresos de la finca o los ingresos del condado.
El documento técnico preparado por el IICA expresa que esta nueva regulación también contempla apoyos específicos para fomentar los emprendimientos rurales, generar valor agregado, atraer a los jóvenes al campo e incrementar la producción orgánica, entre otros, con el objetivo de apuntar hacia el desarrollo y la sostenibilidad del sector agrícola y rural estadounidense en el largo plazo.
“La nueva legislación está respaldada con gran cantidad de recursos, por ejemplo, EE. UU. apoya la competitividad de sus productores al asegurarlos contra afectaciones de precios y clima, esto hace que la actividad agrícola sea menos riesgosa para los productores”, aseguró el especialista en análisis estratégico del IICA, Hugo Chavarría.
Más información:
rafael.trejos@iica.int
Nota técnica: La Ley Agrícola 2014 de los Estados Unidos (Farm Bill) y sus repercusiones en la agricultura de América Latina y el Caribe
