Carlos Ernesto Rodríguez Gómez, jefe de inteligencia de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA).
Tapachula, México, 8 de mayo de 2026 (IICA) – Detrás de muchos de los debates actuales sobre agricultura tropical —productividad, sostenibilidad, innovación— hay una variable que empieza a ganar cada vez más peso, aunque no siempre esté en primer plano: el financiamiento. Cómo se asigna, qué incentivos genera y bajo qué condiciones llega al productor son preguntas que se vuelven centrales.
Ese fue uno de los ejes que atravesó el encuentro sobre agricultura tropical realizado recientemente en Tapachula, estado de Chiapas, donde especialistas y actores del sector analizaron no solo los desafíos productivos, sino también las condiciones económicas que pueden acelerar —o frenar— los cambios en el terreno. La cita, llamada Agricultura Tropical Sustentable, Inclusiva y Competitiva: Ruta Crítica para México y las Américas, fue organizada por el Gobierno del Estado de Chiapas y su Secretaría del Campo, junto con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE).
Detrás de conceptos como resiliencia o sostenibilidad, empieza a tomar forma un cambio más profundo, que atraviesa al sistema financiero. Ya no se trata solo de producir más o mejor, sino de demostrar cómo se produce, con qué impacto y bajo qué condiciones.
«El reto es producir con resiliencia, demostrar sostenibilidad y capturar mayor valor de mercado», planteó Carlos Ernesto Rodríguez Gómez, jefe de inteligencia de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), al resumir la nueva ecuación que enfrenta el sector.
Ese cambio no es menor. Según explicó Rodríguez Gómez, los sistemas financieros están comenzando a incorporar variables ambientales en sus evaluaciones de riesgo, lo que modifica la forma en que se asigna el crédito. La degradación de los suelos, por ejemplo, ya no es solo un problema agronómico: empieza a reflejarse como una pérdida de valor en los activos productivos.
«Tierras degradadas están siendo vistas como de alto riesgo», advirtió el especialista de FIRA, al señalar que estos factores comienzan a impactar en los balances y en las decisiones de financiamiento.
En este nuevo escenario, uno de los conceptos que gana centralidad es la trazabilidad. No alcanza con adoptar prácticas sostenibles: hay que poder medirlas, verificarlas y traducirlas en información útil para el sistema financiero y los mercados.
«La sostenibilidad tiene que ser demostrable», insistió Rodríguez Gómez, al anticipar una tendencia que ya se consolida en mercados como el europeo, donde se exige información detallada no solo del productor, sino de toda la cadena de valor.
Desde la perspectiva presentada por FIRA en el encuentro, la competitividad futura del sector dependerá de la capacidad de integrar tres dimensiones: innovación, trazabilidad y financiamiento inteligente.
Más allá del diagnóstico, Rodríguez Gómez detalló algunas herramientas concretas que buscan acelerar esa transición. Una de ellas es Agritec, una plataforma que reúne servicios digitales para productores —desde información climática hasta monitoreo satelital— y que apunta a reducir las barreras de acceso a la innovación.
Otra es ProSostenible, un esquema que vincula el crédito con prácticas productivas sostenibles mediante incentivos financieros, permitiendo acceder a mejores condiciones de financiamiento para quienes adoptan determinados estándares.
Pero quizás el ejemplo más ilustrativo sea SustentaMás, un programa que busca reducir el uso de fertilizantes químicos a través de un esquema de incentivos alineados en toda la cadena.
El mecanismo combina compensaciones a intermediarios financieros, garantías de crédito y provisión de bioinsumos a los productores, con el objetivo de facilitar la transición sin afectar la rentabilidad en el corto plazo, según explicó el funcionario.
Los primeros resultados —apuntó— muestran señales alentadoras. Según datos presentados durante el encuentro, el modelo ya se aplica en unas 20.000 hectáreas de cultivos como trigo, maíz y sorgo, con reducciones de entre 15% y 30% en el uso de fertilizantes.
Uno de los puntos centrales del enfoque es que no se limita al productor, sino que involucra a toda la cadena de valor. La lógica, según se planteó en la presentación, es que la transformación solo puede escalar si los incentivos están alineados entre quienes producen, financian y compran.
Esto implica trabajar sobre la articulación de cadenas, asegurar mercados y generar condiciones que reduzcan la incertidumbre. También supone cambiar la mirada sobre la rentabilidad, incorporando la estabilidad de largo plazo como un factor clave, especialmente en sistemas más expuestos a riesgos climáticos.
En ese marco, empiezan a aparecer herramientas como bonos verdes, créditos asociados a métricas ambientales o mercados de carbono, que podrían abrir nuevas oportunidades para el sector.
El caso presentado por FIRA muestra que la transformación de la agricultura tropical no depende únicamente de nuevas tecnologías o prácticas productivas. También involucra cambios en los mecanismos que sostienen económicamente al sistema.
En ese sentido, la sostenibilidad empieza a perfilarse no solo como un objetivo, sino como una condición creciente para acceder a financiamiento y mercados.
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