Políticas y herramientas para el manejo sostenible de los recursos naturales en los programas de extensión rural en la República Dominicana
Por: César Amado Martínez, M. Sc.
Consultor del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (RIMISP)
La República Dominicana tiene un área total de 2.6 millones de hectáreas de terrenos. Alrededor de un 20% está dedicado a una gran diversidad de cultivos, 27% está cubierto de bosques, 50% es destinado a pastos y forrajes, y el resto a otros usos. En la porción de terreno usada para la producción agropecuaria existen 242,956 productores y productoras, de los cuales 192,396 pertenecen al sector privado y 50,560 son asentados bajo un esquema de reforma agraria.
La superficie potencial de riego se estima en 710 mil hectáreas, teniendo en cuenta tanto la aptitud de los suelos como la disponibilidad del recurso hídrico. La mayor parte de las áreas regadas se localiza en los valles situados entre las cadenas montañosas.
Las principales instituciones relacionadas con el uso de suelos y agua en la agricultura son el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI); el Consejo Nacional de Juntas de Regantes; el Ministerio de Agricultura, que es el responsable nominal de los servicios de Extensión y Asistencia Técnica, y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, organismo responsable de la conservación y preservación de esos recursos. Participa un número pequeño de Organizaciones No Gubernamentales y recientemente se constituyó el Fondo del Agua, en Santo Domingo.
El país cuenta con 35 presas construidas con capacidad de embalse de 1,782.9 millones de m3. De ellas, 13 fueron construidas y funcionan exclusivamente para suministro de agua para riego, mientras que el resto de las presas fueron construidas con fines de riego y producción de energía.
Los usuarios del riego son 86,026 agricultores, repartidos en 31 zonas y 381 sistemas de riego. Están organizados en el Consejo Nacional de Juntas de Regantes, que cuenta con 32 juntas de regantes y ocho asociaciones independientes a nivel nacional.
El suelo se está deteriorando por razones de contaminación, salinización, pérdida de nutrientes y compactación. Como resultado de las malas prácticas agrícolas, la fertilidad de los suelos de muchos predios ha disminuido. También son frecuentes los deslaves, que contribuyen a la pérdida de fertilidad de los suelos.
La conservación de suelos y agua en las labores de producción agropecuaria son muy limitadas. Las evidencias más frecuentes de labores de conservación se encuentran en áreas de montaña, promovidas a través de proyectos llevados a cabo por organizaciones no gubernamentales que ofrecen asistencia a productores. En estos predios, las principales prácticas utilizadas son bancales, terrazas simples, barreras vivas y muertas, curvas de nivel y contorno, cultivos en franjas, zanjas de laderas y de desagüe, siembra en contorno y tresbolillo.
Se puede afirmar que la agricultura dominicana no cuenta con un Servicio de Extensión y Transferencia de Tecnología en el cual se oriente a los agricultores sobre del manejo que se debe dar a los recursos suelo y agua. No hay en el Ministerio de Agricultura una dependencia que se encargue de asistir y dar seguimiento a los temas de suelo y agua, en materia de producción agropecuaria.
En cuanto a los técnicos que trabajan con los agricultores y ganaderos, estos tienen baja motivación, les falta capacitación, no sienten que haya voluntad política para impulsar el trabajo de manejo sostenible de suelos y agua, ni cuentan con los recursos para realizar el trabajo.
Sin embargo, no existe un vínculo claro entre el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), el Ministerio de Agricultura y otras entidades gubernamentales y privadas, que permita discutir políticas tendentes a impulsar planes para trabajar en lo que es la recuperación, el cuidado y la conservación de los suelos y el agua.
El modelo de Juntas de Regantes, mediante el cual los productores, en coordinación con el INDRHI, se están responsabilizando de la administración de canales de riego secundarios y terciarios y de la distribución del agua, lucen funcionar adecuadamente.
Prioridades para mejorar
Una prioridad urgente de la República Dominicana es la aprobación del proyecto de ley sobre agua, que se ha estado debatiendo en el Congreso Nacional por varios años. Con su aprobación deben quedar definidos los campos de competencia de las distintas instancias relacionadas con suelos y aguas.
Como parte de esa propuesta se asignarían las funciones de desarrollo agropecuario relacionadas con suelos y aguas al Ministerio de Agricultura y/o a otra entidad gubernamental diferente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI). Sin embargo, en cuanto a la ley de agua, se indicó que hace es necesaria, pero su existencia no sería suficiente, ya que faltan decisión política y recursos económicos.
De igual forma, deberá iniciarse la operación del Servicio Nacional de Conservación de Suelos, con el apoyo político y financiero requerido. Esto implicaría hacer una identificación clara de la situación de los suelos y el agua utilizados en la agricultura, para determinar planes y programas efectivos, acompañados de los respectivos programas de capacitación y transferencia tecnológica.
Se sugiere que el Ministerio de Agricultura, como institución responsable del sector agropecuario oficial se encargue de llevar la asesoría técnica y la extensión en materia de suelo y agua a los diferentes sectores productivos agropecuarios, involucrándose las demás instituciones en un enfoque que incluya tres líneas de acción: Gerencia del Riego, Seguridad Hídrica y Seguridad Alimentaria.
Algunas de las instituciones no gubernamentales más destacadas en el desarrollo de proyectos de conservación de suelos y aguas son el Plan Sierra, la Fundación Sur Futuro, Plan Yaque y otras ONG.
Una necesidad que se identifica es la de asignar las funciones de desarrollo agropecuario relacionadas con suelos y aguas al Ministerio de Agricultura o a otra entidad gubernamental diferente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), que deberá concentrarse en los aspectos de regulación de uso del agua y eventualmente en la construcción y mantenimiento de obras de infraestructura hidráulica.
El trabajo de las Juntas de Regantes debe ampliarse hasta llegar a la creación de Consejos de Cuencas y Subcuencas, con un mayor ámbito de competencias y con la participación de un mayor número de actores institucionales y comunitarios.
Se plantea la necesidad de cambios en los sistemas de aplicación de agua para riego, pasando del uso de agua por superficie o inundación, a sistemas de aplicación de agua por sistemas presurizados y la promoción de tecnologías modernas de nivelación de suelos.
Se requiere fortalecer la estructura de extensión y capacitación del Ministerio de Agricultura, para que con el apoyo técnico del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos y la guía normativa del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, lleven a cabo el trabajo de promoción de un manejo sostenible de los recursos naturales agua y suelo en la agricultura.
Esto conllevaría a que el personal del INDRHI pase a trabajar en el Ministerio de Agricultura en condición de capacitadores y especialistas que apoyen a los técnicos de campo en materia de riego y drenaje, así como en temas de conservación de suelos.
Deberá estudiarse la factibilidad de identificar técnicos provinciales o municipales encargados de los temas de suelos y aguas, que deberán capacitarse y equiparse para velar por los temas de suelos y aguas en sus jurisdicciones.
Para lo anterior, se requiere la puesta en práctica del convenio de colaboración suscrito en el año 2013 entre el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Ministerio de Agricultura y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), incorporando al Consejo Nacional de Juntas de Regantes al mismo.
De igual forma, deberá iniciarse la operación del Servicio Nacional de Conservación de Suelos, con el apoyo político y financiero requerido. Esto implicaría también un amplio programa de capacitación y asistencia técnica que involucre a técnicos y productores.
Conviene hacer una identificación clara de la situación de los suelos y el agua utilizados en la agricultura, para determinar planes y programas efectivos, acompañados de los respectivos programas de capacitación y transferencia tecnológica.
Deberán incorporarse al tratamiento de los temas de suelos y agua a otras instituciones como el Ministerio de Energía y Minas, las corporaciones de acueductos y alcantarillados, los gobiernos municipales, organizaciones de productores y organizaciones no gubernamentales relacionadas con estos temas.